Después de 8 meses, dos elecciones y muuuuuchas promesas electorales Pedro Sánchez ha sido investido el pasado mes Presidente del primer Gobierno de coalición desde la restauración de la democracia, y pese a las presiones y amenazas de la derecha, se supone que España tendrá el gobierno más progresista de los últimos tiempos, un gobierno de izquierdas comprometido con el colectivo LGTBI. Por lo menos de palabra. Esperemos que no sea como el dicho “prometer hasta meter, y una vez metido, adiós a lo prometido”.

Según las palabras del propio Sánchez en el debate de investidura: “La igualdad para ser completa exige del reconocimiento de iguales derechos para todas las singularidades y por eso reivindicamos en todo momento el orgullo de la diversidad. El derecho a la diferencia, señorías (…) Vamos a ser militantes contra la ideología racista, contra la xenofobia, contra la homofobia y contra el machismo” anunció el líder socialista.
Y es que en el acuerdo de coalición con Unidas Podemos, Pablo Iglesias y Pedro Sánchez se comprometieron a aprobar un paquete de medidas en favor de la igualdad de trato, la no discriminación y la valoración positiva de la diversidad, con unos puntos concretos, que esperamos se hagan realidad:

• Aprobaremos una Ley Integral para la Igualdad de Trato y la no Discriminación.

• Aprobaremos una Ley contra la Discriminación de las Personas LGBTI, incluyendo la prohibición a nivel nacional de las llamadas terapias de reversión.

• Una Ley Trans que trabaje de forma efectiva para erradicar todas las formas de discriminación hacia las personas trans en todos los ámbitos.

• Combatiremos la discriminación de las personas LGTBI en el deporte.

• Impulsaremos y fortaleceremos un marco integral legislativo y político que erradique los discursos y los delitos de odio para garantizar la protección de los derechos y libertades de todas las personas, con independencia de sus circunstancias personales o sociales, y con particular atención sobre grupos de especial protección.

• Garantizaremos el acceso a la justicia y la reparación de los derechos de las víctimas, así como la aplicación efectiva de la Ley del Estatuto de la Víctima, e impulsaremos la formación de todos los operadores jurídicos, administrativos y sociales que intervienen en la respuesta ante estas vulneraciones de derechos humanos.

• Seguiremos avanzando en la consolidación del Pacto Social por el Sida, puesto en marcha en noviembre de 2018, impulsado desde el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y consensuado con los agentes sociales e institucionales y que incluye medidas para garantizar la igualdad de trato, la no discriminación y los plenos derechos de las personas afectadas.

Confiaremos en que no sean solo promesas electorales para ganar el voto y estaremos atentas deseando que se cumplan.