En un documento de la Conferencia Episcopal, los obispos polacos afirman que es necesario crear clínicas “para ayudar a las personas que desean recuperar su salud sexual y su orientación sexual natural”.

De un buen tiempo para acá, el récord de Polonia en cuanto a derechos de la comunidad LGBTQI+ ha venido disminuyendo progresivamente, en especial bajo el mandato del presidente ultraconservador Andrzej Duda, reelegido recientemente, y quien en su campaña prometió la “recuperación de los valores familiares”, así como prohibir que parejas homosexuales pudieran adoptar niños.

Ahora, los obispos de Polonia han pedido que se establezcan “clínicas” para que las personas LGBTQI+ “recuperen su orientación sexual natural” después de una reunión plenaria de la Conferencia Episcopal Polaca (KEP).

“En vista de los desafíos creados por la ideología de género y los movimientos LGBT+, y especialmente teniendo en cuenta las dificultades, sufrimientos y lágrimas espirituales experimentados por estas personas, es necesario crear un centro de asesoramiento (también con la ayuda de la Iglesia o con sus estructuras) para ayudar a las personas que desean recuperar su salud sexual y su orientación sexual natural” sentencia el documento de 27 páginas emitido por los obispos polacos. Más adelante se refiere a esos “centros de asesoramiento” como “clínicas”.

Las terapias de conversión sexual buscan, con distintos métodos, “corregir” a LGBTIs basándose en que “lo natural” es que las personas sean heterosexuales y adopten una identidad de género basada en su genitalidad (si tienes pene eres hombre, si tienes vagina mujer). Pueden consistir en terapia psicoanalítica, el encierro en clínicas de internación y en los casos más extremos incluyendo el electroshock.

En los últimos años, casi un tercio de los municipios de Polonia han aprobado resoluciones que recuerdan la ley de propaganda anti-LGBTQI+ de Rusia, que tipifica como delito las declaraciones públicas positivas sobre la identidad homosexual. Esas ciudades se han declarado zonas “libres de LGBT” y contradicen directamente la misión de la libertad de expresión promovida por la Comisión Europea, un poder ejecutivo de la Unión Europea.