Aunque Andorra legalizó las uniones entre parejas del mismo sexo en el 2014, lo hizo con la denominación de unión civil, por lo que las parejas homosexuales no disfrutaban de las mismas condiciones que las heterosexuales. Ahora, más de seis años después, el gobierno andorrano ha decidido dar un paso más y suprimir esta diferencia. Así lo determina el borrador de la proposición de ley de la persona y la familia, que el pasado 10 de marzo presentaron en rueda de prensa conjunta los tres partidos que conforman el actual gobierno andorrano.

Eso sí, la reforma hace uso de una diferencia lingüística, y es que, salvo que durante su tramitación parlamentaria haya cambios, la ley utilizará el término «casament» para la institución del matrimonio civil, mientras que reservará el término «matrimoni», para el matrimonio canónico religioso, una diferencia que parece especialmente pensada para que la reforma no levante las iras de la Iglesia católica.

Otra de las reformas que plantea la proposición de ley es el reconocimiento de la filiación en el caso de niños nacidos mediante gestación subrogada en países en los que este procedimiento sea legal. Andorra, al igual que sus vecinas España o Francia, no permite la gestación subrogada en su territorio, pero la justicia andorrana ha reconocido la filiación en varios casos en esta situación, y si la propuesta se mantiene durante la tramitación parlamentaria, la futura ley reconocerá de forma explícita esta posibilidad.

Cabe destacar que actualmente Andorra tiene leyes que benefician a las comunidades gais, lesbianas y bisexuales, sin embargo, las leyes no están a favor de las personas trans y no binarias.

También tiene una ley anti-discriminación por orientación sexual, pero no la tiene en términos de identidad de género. Además, es ilegal el cambio de género en Andorra y no hay tercera opción de género.